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Fundación Pro Bono RD, integra nuevo equipo de trabajo

Fundación Pro Bono RD, integra nuevo equipo de trabajo en las áreas de coordinación de la Red Pro Bono Internacional, la coordinación de la Red Pro Bono Nacional y en el área de recepción y documentación de casos pro bono.

El Presidente de la Fundación Lic. Teófilo Rosario, informó que la coordinación de la Red Pro Bono Internacional recayó en la Licda. Rasiel Salcedo Alcantara, mientras que la coordinación de la Red Pro Bono Nacional, fue designada la   Licda. Franchesca Núñez Tejeda, y en el área de recepción y documentación de casos pro bono, fue designado el Lic. Helder Salvador Colon.

La Fundación Pro Bono RD, tiene como objetivo promover la responsabilidad social en la comunidad legal, el voluntariado profesional e impulsar entre los abogados el litigio estratégico, propiciar las soluciones éticas a las controversias y un ejercicio del derecho socialmente responsable, consciente de que, como abogados, no debemos interponer un beneficio personal o profesional para lograr riquezas a cambio de vulnerar los derechos fundamentales o los valores de las comunidades.

Indico el Sr. Rosario, que en muchos países, los individuos no son sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres, entendiéndose que no pueden acceder al sistema judicial porque no han sido informados sobre sus derechos, porque no pueden obtener asesoría legal adecuada o porque no tienen los recursos económicos necesarios para acceder al sistema de justicia. Esta situación preocupante, puede socavar la confianza pública en las instituciones del gobierno, en el sistema de justicia y consecuentemente en la democracia.

En este contexto, la profesión legal tiene que colaborar con el Estado para proteger esos derechos. En particular, los abogados y profesionales legales pueden ofrecer un apoyo vital para los principios de derecho y para los fundamentos jurídicos de la democracia y sociedad civil. Debido a su posición única dentro del sistema jurídico, la profesión legal tiene una responsabilidad especial para garantizar que el sistema judicial sea accesible, eficiente y equitativo para todos los ciudadanos, para los grupos vulnerables o marginados y para asegurar la confianza del público en el sistema. 

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